Abogado · Derecho de aguas
La expropiación forzosa permite a la Administración privar a un propietario de un bien o derecho por causa de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización. Asisto a propietarios y titulares de derechos afectados, también en obras hidráulicas, para que el procedimiento y la valoración respeten la ley.
En términos generales: declaración de utilidad pública o de interés social y necesidad de ocupación; relación de bienes y derechos afectados; fijación del justiprecio, primero de mutuo acuerdo y, si no lo hay, por el Jurado Provincial de Expropiación; y pago y ocupación. En cada fase hay trámites de alegación y plazos.
Se estudia la documentación, se valora con peritos cuando hace falta, se formulan alegaciones, se negocia y, si no hay acuerdo, se defiende su posición en vía administrativa y ante el orden contencioso-administrativo.
Cuando la expropiación afecta a una finca de regadío o a un aprovechamiento de aguas, la valoración tiene particularidades: plantaciones, instalaciones de riego, pozos y derechos asociados. Lo trato junto con la parte de derecho de aguas.
Los plazos de alegación y de recurso son breves. Conviene consultar en cuanto se recibe la primera comunicación.
Es la indemnización que corresponde al propietario por el bien o derecho expropiado. Se fija de mutuo acuerdo o, en su defecto, por el Jurado Provincial de Expropiación.
Sí. Cabe recurso frente a la resolución que lo fija, en los plazos establecidos.
Puede exponer su caso por teléfono (629 62 71 92), por correo (juanignacioruiz@icamur.org) o mediante el formulario de contacto, y se le indicará cómo plantearlo. Lunes a viernes, de 9:00 a 18:00.

